MANIFIESTO

El sistema de pensiones de España y otros países desarrollados se rige bajo el denominado “sistema de reparto”. Este sistema exige a los trabajadores en activo unas cotizaciones que deben pagar al Estado durante toda su vida laboral. A cambio, estos adquieren el derecho futuro a recibir una pensión en el momento de jubilarse. La cuantía de la pensión irá en función de lo que el Estado considere adecuado en ese momento, en base a diversos criterios sociales y macroeconómicos.

En nuestra opinión, creemos que este sistema es muy deficiente a la hora de encarar los costes de la jubilación. Por eso, afirmamos categóricamente que ninguna persona debería depender de este sistema para financiar su futuro retiro.

Exponemos a continuación 5 argumentos de peso que razonan nuestra posición y hablamos de la alternativa que proponemos para no depender de la pensión estatal.

1 – El sistema público de pensiones no es sostenible

Cuando se habla de los sistemas públicos de pensiones, defensores y detractores se enzarzan en largas discusiones acerca de si el sistema es sostenible o no.

La sostenibilidad suele ser de hecho el principal argumento que suele esgrimirse desde ambos bandos para defender o criticar el sistema. Sin embargo, nosotros pensamos que es sólo un argumento más (y de hecho, no el más importante de ellos) a la hora de hacer una crítica al sistema. Aun así, es importante tenerlo en cuenta para entender nuestra posición.

Nosotros pensamos que los debates sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones carecen muchas veces de argumentos históricos, que son imprescindibles tener en cuenta a la hora de hacer una crítica sólida.

Vamos a situarlos pues en el contexto en el que fueron creados: la Alemania del canciller Otto Von Bismark. En esa época, siglo XIX, los planes estatales de pensiones fueron concebidos para promover el bienestar de los trabajadores y lograr que la economía siguiera funcionando con la máxima eficiencia.

El sistema tuvo buena acogida, sobre todo entre aquellos que estaban a pocos años de jubilarse, que recibieron una pensión sin apenas haber cotizado.

Además, la enorme cantidad de trabajadores que existía en relación al número de pensionistas, unido a la menor esperanza de vida (38 años a causa de la alta mortalidad infantil) y la edad de jubilación establecida (70 años), hacían que las cotizaciones sociales fueran de pequeña cuantía.

Por entonces, el sistema estaba pensado para actuar a modo de red de protección de aquellas personas que, de manera excepcional, superasen los 70 años y carecieran de patrimonio. Sin embargo, fue evolucionando y acabó convirtiéndose en el sistema por defecto para financiar las pensiones de todos los trabajadores.

El sistema fue consolidándose a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los años 40 y 50. Durante estos años el aumento de la población producido por la explosión de natalidad que se generó tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado Baby Boom, dio lugar a que hubiera muchos trabajadores pagando impuestos y contribuyendo al sistema público de pensiones durante las décadas de los 60, 70 y 80.

No fue hasta la década de los 90 cuando empezó a ponerse en duda la sostenibilidad, pues el sistema no había evolucionado al mismo ritmo que la sociedad: la esperanza de vida había aumentado y la natalidad descendido. Y a pesar del Pacto de Toledo (el acuerdo a través del cual los principales partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pretenden mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a la supuesta robustez del sistema) los problemas no han dejado de aumentar.

Si a todo esto le sumamos que en la actualidad todos los millones de personas que nacieron durante el Baby Boom se están jubilando, se entiende porque el número actual de trabajadores que están contribuyendo al sistema público de pensiones va en descenso y se haya originado el problema de cómo financiarlo a largo plazo.

Hay que tener en cuenta que en la década de los 50 había alrededor de 16 trabajadores que cotizaban a la seguridad social por cada jubilado. Actualmente, cada pensionista es mantenido por poco más de 2 trabajadores en activo. A causa del cambio social, cultural y demográfico esta tendencia lleva muchos años acentuándose y no parece tener marcha atrás.

El sistema público de pensiones nació en una época ya superada. El modelo de reparto está agotándose porque no estaba pensado para las circunstancias sociales, demográficas, económicas y políticas en las que ahora vivimos, muchas décadas después de su puesta en marcha. 

Cuando en la mayor parte de los países desarrollados cada pensionista debe ser soportado por dos o tres trabajadores en activo; cuando la mejora de la sanidad ha revolucionado la longevidad; cuando la pirámide demográfica se ha invertido; cuando las circunstancias macroeconómicas son totalmente diferentes a las que prevalecían cuando surgió el sistema; y cuando los ciudadanos han adquirido en otros órdenes de su vida un grado de libertad y de seguridad que ahora exigen también en lo relacionado con sus pensiones, resulta evidente que el sistema no podrá ser sostenido durante mucho más tiempo, si no es a costa de reducir los derechos otorgados.

2 – El sistema dificulta y desincentiva la creación de un patrimonio para la jubilación

Uno de los efectos más perversos del sistema público de pensiones es dificultar que la mayor parte de la población acumule un patrimonio, que le aportaría libertad y le libraría de tener problemas económicos durante su jubilación.

El sistema dificulta al ciudadano progresar con el esfuerzo y el ahorro que ha ido acumulado a lo largo de toda su vida. Actualmente, un trabajador tiene que aportar al sistema público de pensiones el 28,3% de su salario bruto. Esto es mucho dinero, sobre todo si se contabiliza a lo largo de los años. Dinero que el trabajador no podrá emplear para invertir y crear un patrimonio de cara a su jubilación. 

Además, puesto que el Estado quiere que el sistema siga siendo sostenible sin serlo, no le queda otra opción que apuntalarlo a costa de empeorar las condiciones de los trabajadores (y pensionistas): exigiéndoles un esfuerzo cada vez mayor en forma de cotizaciones más altas (que no dan lugar luego a una pensión mayor), negando las pensiones a aquellos que hayan cotizado menos de 15 años (a pesar de haber estado quitándoles dinero durante todo ese tiempo), retrasando cada vez más la edad de jubilación, cambiando cada dos por tres la fórmula para calcular la pensión inicial (uno ya no sabe a que edad tendrá que jubilarse y cuanto recibirá por la pensión), etc.

Por último, como es el Estado quien se encarga de planificar la jubilación, se desincentiva que los ciudadanos creen un patrimonio para costear su futuro retiro: si el Estado provee, ¿por qué preocuparse de ahorrar para el futuro?

3 – El sistema empobrece a los pensionistas

Los jubilados deberían ser generalmente las personas más acomodadas en todas las capas de una sociedad, puesto que llevan toda una vida trabajando, ahorrando e invirtiendo. Pero el sistema público de pensiones se ha quedado con su dinero, no lo ha capitalizado y se lo ha gastado en atender sus obligaciones anteriores, y ahora les condena a vivir con mucho menos de lo que les corresponde y, con frecuencia, en condiciones cercanas a la pobreza. 

Los pensionistas son por tanto los grandes perjudicados por el sistema de pensiones. 

Para empezar, no recuperarán nunca lo que contribuyeron porque el Estado se lo ha gastado en atender (y mal) a los pensionistas anteriores.

Los pensionistas reciben una cantidad u otra en virtud de intervalos decididos por el gobierno del momento, sin que se aplique una justa proporcionalidad directa a las aportaciones realizadas. Además, el sistema prevé topes máximos de pensión pero no de cotización.  

La cuantía de la pensión casi siempre será inferior al sueldo que alcanzó el trabajador en sus últimos años de trabajoEn muchos casos el brusco descenso del nivel de vida al jubilarse llega a ser dramático, generando una sensación de pobreza, dependencia e indefensión financiera. 

En la práctica totalidad de los casos, los pensionistas cobran cantidades injustamente bajas porque el sistema de reparto reduce la riqueza colectiva en lugar de preservar e incrementar la de cada cotizante. 

En aquellos casos en que el jubilado no pudo cotizar bastante durante su vida laboral, recibirá una miserable pensión “no contributiva” con la que difícilmente podrá sobrevivir. 

Las personas que llevan toda una vida trabajando se convierten, al jubilarse, en rehenes de la voluntad social y política de las generaciones siguientes, ya que en realidad son ellas quienes les pagan. Todo lo que ellos cotizaron esforzadamente durante décadas ya se gastó tiempo atrás para atender a otros pensionistas.

Todo esto da lugar a la «ancianización de la pobreza». Es muy lamentable que los efectos del sistema público de pensiones hayan instalado en nuestra cultura, con aterradora normalidad, la idea de que los mayores son por su propia naturaleza una especie de discapacitados económicos a los que hay que ayudar con todo tipo de descuentos en el transporte y en los espectáculos, con vacaciones organizadas por el IMSERSO y con otros beneficios que no serían ni remotamente necesarios si el sistema de reparto no hubiera empobrecido a estas personas.

Se asume que la gente llegará con bajo poder adquisitivo a su jubilación y se ofrecen importantes descuentos para que su mísera pensión estatal les permita disfrutar un poquito más.

El sistema público de pensiones, y la nula educación financiera existente en España, les aboca a tener una jubilación llena de carencias económicas, impidiéndoles disfrutar al máximo de su retiro dorado.

Además, como las pensiones son bajas, las familias se ven obligadas a ayudar económicamente a sus mayores. Esto crea injusticias ya que no todos los mayores pueden contar con tal ayuda, y también porque los jóvenes pagan doblemente: mediante su cotización y mediante su ayuda directa al familiar mayor.

La sensación generalizada entre los pensionistas es la de haber sufrido un robo continuado durante décadas de trabajo, y la de sentirse maltratados por la sociedad y obligados a vivir una vejez de privaciones y carencias

4 – Las pensiones públicas generan dependencia del poder político

Otro de los efectos nocivos del sistema público de reparto es la politización de las pensiones. Como es el Estado quien decide todo (el monto de las cotizaciones, la edad de jubilación de las personas, la cantidad de años exigible para percibir una pensión y la manera de calcular su cuantía, etc), los diversos partidos utilizan la política de pensiones como arma electoral. Máxime si tenemos en cuenta que la inversión de la pirámide demográfica hace de los pensionistas un colectivo estratégico para ganar unas elecciones.

Ya en el siglo XIX, el creador de los sistema públicos de pensiones, el canciller Otto Von Bismark, definió muy bien en una famosa cita los objetivos perversos que subyacen tras la creación de estos sistemas públicos; que no son otros que la dependencia al poder político de los ciudadanos:

«Un trabajador que dependa del Gobierno para su retiro será más obediente y servil antes ese Gobierno

Imagínate ahora que los ciudadanos tuvieran un patrimonio que les permitiese pagar sin problemas su nivel de vida durante la jubilación. En un escenario así, ¿qué papel jugarían los políticos? ¿qué sentido tendría que los ciudadanos les entregaran buena parte de su riqueza de cara a su jubilación?

El ciudadano medio no suele hacerse estas preguntas. Ha caído en una actitud conformista y ha entregado al Gobierno mayor poder para que solucione su vida, a cambio de su libertad y prosperidad.

5 – La pensión pública no se hereda

Los familias acaudaladas no surgen de la nada. Estas familias también empezaron a crear sus patrimonios desde cero, a base de trabajo, ahorro e inversión. 

El patrimonio va pasando de padres a hijos, y si estos son diligentes, la fortuna familiar aumenta de generación en generación.

Sin embargo, este proceso de ahorro, inversión y herencia no tiene lugar con las pensiones públicas. Cuando el trabajador fallece, su familia no recupera ni siquiera una parte de lo que aportó. Se queda sin nada.

Eso impide a las familias apalancarse sobre el patrimonio de la anterior generación, seguir aumentándolo y poder vivir sin estrecheces económicas durante toda la vida.

Una alternativa individual al sistema público de pensiones

Hemos expuesto nuestras razones para afirmar porque creemos que el sistema público de pensiones está atrasado y no es capaz de resolver las necesidades de los trabajadores ni pensionistas.

Frente a este sistema deficiente, proponemos una alternativa mejor y mucho más justa: la capitalización individual orientada a la obtención de rentas. Es decir, la creación de un patrimonio vía inversiones centrado en activos que generan rentas.

Defendemos esta forma de afrontar la jubilación por diversos motivos:

  • Es de justicia que la aportación de cada trabajador a lo largo de su vida laboral, incrementada con la capitalización obtenida (rentas + plusvalías), sea preservada para que el trabajador pueda disponer de ella en su jubilación (tal y como ocurre en la capitalización individual), en lugar de perderse en un opaco fondo común que no genera derechos proporcionales al monto aportado, que es lo que ocurre en el sistema de pensiones públicas.
  • Es de justicia, igualmente, que el trabajador pueda conocer en todo momento el saldo de su fondo de aportaciones para la jubilación, y estimar la proyección del mismo a la fecha prevista de retiro. Esta transparencia exclusiva de la capitalización individual da seguridad al trabajador, que percibe su aportación como lo que es: una sólida inversión.
  • Es razonable que las personas puedan invertir de más cuando les va bien e invertir un poco menos, o dejar de hacerlo, si durante una etapa les van mal las cosas. A diferencia del sistema público de pensiones, la capitalización individual permite hacerlo.
  • Nos parece justo que, en cualquier momento, los trabajadores puedan emplear de forma anticipada todo o parte del capital acumulado. Y creemos de justicia elemental que, si el trabajador fallece antes de disfrutar la jubilación, su familia pueda cobrar ese dinero que con tanto esfuerzo aportó. Todo estos elementos son exclusivos de la capitalización individual.
  • Es de sentido común que el patrimonio de cada trabajador se incremente con el paso de los años. Con la capitalización individual los jubilados mantienen e incrementan su sueldo año a año. Mientras que en el sistema de reparto jubilarse equivale a reducir drásticamente el ingreso mensual. No sólo en el momento de jubilarse, sino también durante todo el tiempo que vivan, ya que las pensiones se revalorizan por debajo del coste de vida.
  • Por último, la capitalización individual permite a los trabajadores, en función del capital acumulado en cada caso, escoger la fecha de su jubilación en función de sus preferencias personales, en vez de verse obligados a jubilarse cuando quiera el gobierno de turno.

 

En resumen, la capitalización individual orientada a la obtención de rentas permite que cada trabajador vaya creando su propia pensión y pueda disfrutar de ella en el momento de jubilarse o cuando el mismo decida.

Cuando ese momento llegue, el trabajador tendrá un patrimonio que le aportará rentas suficientes para asegurarle una jubilación digna. Porque la pensión digna no es la que el gobierno tiene a bien darle a cada trabajador, sino la que éste ha construido con su esfuerzo. Las cantidades aportadas tienen que generar derechos directos para quien las aportó, no una vaga obligación estatal de darle una pensión a determinar.

Si eres trabajador, cuando llegue la hora de jubilarte tu pensión será menor que la que reciben los jubilados de ahora, que ya es mediocre de por si, pues les están devolviendo mucho menos de lo que aportaron con tanto esfuerzo y ahora amenaza con tratar peor a sus hijos y nietos.

Para prosperar y disfrutar de una jubilación sin carencias es imprescindible, básico, no dejar nunca que nos condenen a la servidumbre paternalista del Estado. Debemos ocuparnos nosotros mismos de nuestros asuntos y no delegar en incompetentes instancias políticas lo que no es más que una responsabilidad personal e individual.

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